LA RESPUESTA
Se preparan los acuerdos y formalidades que correspondan, se desarrolla la liquidación y se solicita la inscripción de extinción cuando proceda. La situación tributaria, laboral y contractual debe atenderse de manera coordinada.
Qué debe evaluarse
La disolución, la liquidación y la extinción son etapas diferentes. Se revisan la causa de disolución, el órgano que decide, la actuación del liquidador y el patrimonio disponible. No corresponde distribuir bienes entre socios sin examinar previamente obligaciones y reglas de protección de acreedores.
Tres momentos jurídicos diferentes
La disolución abre una etapa orientada a liquidar; no equivale a la desaparición inmediata de la sociedad. Durante la liquidación deben atenderse operaciones pendientes y obligaciones conforme a ley. La extinción registral corresponde a un momento posterior. Confundir estas etapas puede llevar a dejar contratos, trabajadores o acreedores sin el tratamiento debido.
Inventario y actuación del liquidador
Debe conocerse qué bienes existen, qué deudas subsisten y qué controversias pueden afectar el cierre. El liquidador actúa dentro de las atribuciones y deberes aplicables. La distribución a socios requiere respetar las obligaciones y la protección de acreedores; no basta repartir lo que queda en una cuenta bancaria sin examinar contingencias.
