LA RESPUESTA
La estrategia comienza por reconstruir el hecho y la relación entre las partes. Se evalúan prueba, eventual conciliación y pretensión judicial. Los plazos dependen del fundamento de la acción y no deben calcularse sin identificarlo.
Qué debe evaluarse
La responsabilidad contractual y la extracontractual tienen presupuestos propios. El artículo 1321 del Código Civil contempla daños por inejecución de obligaciones; otras reglas se aplican a daños fuera de una relación contractual. Se deben diferenciar gastos, ingresos frustrados y otras afectaciones jurídicamente reconocidas, evitando contabilizar dos veces el mismo perjuicio.
Identificar el fundamento de responsabilidad
La primera pregunta es por qué una persona estaría jurídicamente obligada a reparar. Si existe incumplimiento de contrato, se examinan sus obligaciones y reglas de responsabilidad; si el daño proviene de otro hecho, pueden corresponder reglas extracontractuales. Mezclar ambos fundamentos sin precisar hechos puede generar contradicciones sobre prueba, alcance y plazos.
Diferenciar los perjuicios reclamados
Los gastos efectivamente asumidos y las ganancias que se dejaron de obtener no son lo mismo. Debe explicarse cada concepto y cómo se relaciona con el hecho, sin presentar una expectativa de ingresos como si fuera una pérdida cierta. Las afectaciones no patrimoniales también requieren fundamento; no se justifica cualquier cantidad por la sola existencia de una molestia o desacuerdo.
